divendres, 25 de setembre del 2009

El Gobierno rebajará en 1.100 millones su aportación a los ayuntamientos en 2010

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Los sindicatos temen una guerra en el sector público si arrecian los despidos | Todos los equipos de gobierno se aprestan a reducir servicios de cara al año que viene

JAUME V. AROCA | Barcelona | 25/09/2009 | Actualizada a las 01:12h | Ciudadanos
"De vez en cuando llamo a mis ex alumnos para ver cómo andan las cosas y, de un tiempo a esta parte, casi nunca los encuentro en su despacho. Las secretarias tienen instrucciones de decir que no están. De ese modo evitan a los acreedores". Uno de los mejores especialistas en hacienda local de la universidad catalana describe con esta anécdota la situación financiera en la que se encuentran algunos ayuntamientos catalanes. La mayoría de sus ex alumnos son ahora interventores y secretarios municipales.


Lo peor es que la causa de la ansiedad de sus ex alumnos, la falta de recursos de los ayuntamientos en los que trabajan, no tiende a remitir. Ayer en Madrid, la Comisión nacional de Administración Local pasó la factura de la crisis a los 8.000 municipios españoles. La aportación del Estado para el año que viene a los municipios bajará un 9,2% respecto del actual ejercicio. Unos 1.100 millones de euros menos a los que habrá que añadir una deuda aplazada con el Gobierno de 2.500 millones de euros más. Si en 2009 el Estado les ha transferido 14.600 millones el año que viene les dará sólo 13.300.

"Muchos municipios no van a soportar esta situación " advertía el responsable de hacienda de la Federació de Municipis de Catalunya y alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez que asistió a la reunión de ayer en Madrid.

¿Por qué el Estado recorta precisamente ahora, en el peor momento, sus aportaciones a los municipios? Porque, en primer lugar, la Administración Central les aporta dinero en función de la recaudación de un grupo de impuestos –IRPF, Especiales e IVA–. Si los ingresos han caído consecuentemente han de caer también las aportaciones. De ahí la baja de 1.100 millones.

La segunda es que el Estado hace sus aportaciones por adelantado. Es decir, calcula su asignación a los municipios en función de los ingresos del año anterior. En 2009 los ayuntamientos han cobrado en base a lo que se recaudó en 2008. En 2010 el ministerio de Hacienda pagará en función de lo que ha obtenido en 2009. Al final de cada año se ajustan las cuentas para equilibrar lo que ha pagado con lo que ha recaudado.

El problema es que, ahora, con la crisis, la recaudación baja año tras año y en consecuencia las liquidaciones anuales son negativas para muchos ayuntamientos. Por lo tanto el Estado les reclamará ese dinero. De ahí la deuda, 2.500 millones.

La única medida paliativa en este panorama es que el Gobierno ha decidido aplazar en cuatro años la devolución de esa cantidad. Pero esa solución no resuelve el problema de fondo: las deudas que soportan muchos municipios fruto, en parte, de los desmanes de los últimos años (de ello se hablará mañana en estas mismas páginas) y también de un sistema de financiación obsoleto.

"¿Que vamos a hacer? Pues recortar por todas partes", asegura el presidente de la Associació Catalana de Municipis y alcalde de Martorell, Salvador Esteve. "Vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas que hemos asumido estos años y que no nos correspondían".

Recortar servicios significa ineludiblemente despedir a trabajadores. Así de claro. El nuevo target son los laborales –los funcionarios son, por ahora, intocables– y también los empleados temporales de las miles de empresas donde los ayuntamientos han externalizado sus servicios en estos últimos años.

Pero sobre esta cuestión se produce un silencio clamoroso de la propia administración. Para empezar, las estadísticas laborales no reflejan cuántos parados trabajaban en los servicios públicos antes de acabar en la cola del desempleo.

Carlos Villalante, de la federación de Servicios Públicos de UGT, malicia algunas severas reducciones de personal y advierte: "Me temo que los ayuntamientos nos quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores. Pero van a toparse con nosotros. Los alcaldes deben saber que no seremos más flexibles con ellos que con las empresas privadas. Los despidos han de justificarse también en el sector público. Si quieren recortar antes tendrán que explicarnos qué recortes hacen por arriba, en los cuadros de dirección donde se han cometido verdaderos abusos. En cada despido exigiremos un plan de viabilidad".

Lo cierto es que muchos alcaldes admiten que, tras recortar en gastos más o menos superfluos, su política de austeridad pasará ineludiblemente por reducir el número de empleados. De hecho este verano los turnos han sido bastante más complicados: nadie pudo contratar sustitutos.

El propio ayuntamiento de Barcelona, cuya situación financiera no es precisamente de las peores entre las haciendas locales catalanas, admite con la boca pequeña que su política de empleo ha cambiado de tercio. Para 2010 sólo prevé ampliar en 250 efectivos el número de agentes de la Guardia Urbana y contratar a los empleados de los nuevos servicios de guarderia. El resto serán bajas. ¿Cuántas? No hay respuesta.

Recortar servicios significa ir a contracorriente porque es justo ahora cuando la demanda se incrementa. Las estimaciones de la Diputación de Barcelona calculan que la demanda se ha incrementado un 20%. En estos años de bonanza, a cuenta de unos abultados ingresos, los ayuntamientos han ampliado su cartera de servicios. Ahora se les vuelven en contra.