El Periodico - 21/10/2008 - EL ESTADO DEL BIENESTAR

Uno de cada dos beneficiarios de la ley de dependencia aún no cobra
• De los 62.474 catalanes que tienen reconocido el derecho a percibir la ayuda solo la reciben 31.161

• La Generalitat admite la lentitud y la atribuye a que se crearon expectativas sin prever el despliegue


NEUS TOMÀS
BARCELONA

Generalitat y Gobierno central se han enzarzado en una polémica a cuenta de la aplicación de la ley de la dependencia pero ninguna de las dos administraciones asume la culpa por haber defraudado las expectativas que provocó el proyecto estrella de José Luis Rodríguez Zapatero. El primero en atacar fue el president, José Montilla, cuando acusó al Ejecutivo central de "no estar a la altura de las circunstancias" por no aportar recursos suficientes. Zapatero no tardó ni 24 horas en replicarle que la Administración central está cumpliendo "estrictamente". Lo cierto es que actualmente hay 62.474 catalanes con derecho a cobrar una ayuda por la ley de la dependencia. De estos, solo la mitad, 31.161, ya han empezado a recibirla.
¿Quién tiene razón? Estas son las preguntas que intentan dar respuesta a cómo se está aplicando la ley.

1. ¿Quién y cuanto paga?
Según los datos del Gobierno catalán, este 2008 la Generalitat destina a la aplicación de la ley 483 millones de euros y calcula que a finales de año el Ejecutivo central le habrá abonado 113 millones. Al tratarse de un modelo de copago, los beneficiarios están contribuyendo en total con 62 millones. Aunque la ley dice que cada parte debe hacerse cargo de un 33%, en realidad ahora la Generalitat asume un 68%, el Estado, un 20% y los usuarios, el 12% restante. O lo que es lo mismo, en el caso de una persona considerada de "gran dependencia" que esté atendida en una residencia cuya plaza implique un coste de 1.800 euros, el usuario paga 500 euros, el Estado 258 y el resto (1.042 euros) lo asume la Administración autonómica.

2. ¿Cuáles son las causas de los retrasos en la aplicación de la ley?
La Generalitat reconoce la lentitud en la aplicación de la ley pero la atribuye a que el Gobierno central no calculó bien la cifra de beneficiarios. Al final son el doble de los previstos y por eso ahora por cada euro que pone el Estado, la Generalitat asume 3,25. Tanto la Administración autonómica como las entidades creen que se despertaron unas expectativas sin que no estuviese diseñada la maquinaria administrativa para llevarlas a la práctica. Por ejemplo, inicialmente no estaban conectadas las redes informáticas y los técnicos de la Generalitat se veían obligados a entregar a Madrid los datos de los beneficiarios en disquetes informáticos.
A ello hay que sumarle las dificultades que tienen muchos ayuntamientos para tramitar el alud de peticiones que reciben. La Generalitat tiene 23 equipos de profesionales destinados realizar las evaluaciones que permitan obtener las ayudas. Estos equipos trabajan en colaboración con los ayuntamientos. Los de más de 20.000 habitantes disponen de grupos de profesionales propios mientras que en el resto esta gestión recae en manos de los consejos comarcales.

3. ¿Los beneficiarios que reúnen las condiciones para cobrar pero todavía no han empezado a recibir la ayuda podrán hacerlo con carácter retroactivo?Las administraciones aseguran que sí. Por lo tanto los 31.313 catalanes que ya han superado el proceso de evaluación y tienen reconocido el derecho a la ayuda pero todavía no han cobrado, cuando lo hagan deberían recibir el dinero atrasado desde el día que entregaron la solicitud.

4. ¿Cuánto están cobrando los beneficiarios?Según los datos oficiales, la media que están recibiendo es de 597 euros al mes. La cuantía varía en función del grado de dependencia. La ley establece que en el caso de las personas con más dificultades la ayuda va de los 811 euros en el caso de la prestación vinculada a un servicio o por atención personal a los 506 cuando un familiar se encarga de los cuidados.

5. ¿Cuál es el perfil mayoritario de las personas con derecho a recibir una ayuda?
La ley no establece un mínimo o máximo de edad para percibir las ayudas y solo plantea unos requisitos especiales para los menores de tres años. Actualmente más de la mitad (un 58%) de los catalanes que tienen reconocido el derecho son mujeres. Las de más de 65 años representan un 82% del total de beneficiarios. La mitad de estos tienen reconocida algún tipo de discapacidad física.

6. ¿Qué pasa si una persona tiene derecho a una plaza en una residencia pero no hay espacio en ningún centro público?Teniendo en cuenta que un 72% de los beneficiarios viven en las comarcas de Barcelona no es fácil acceder a una plaza en una residencia. La Generalitat asegura que, a pesar de la demanda, ningún beneficiario se quedará sin ella porque en el caso de que no se encuentre una plaza en un centro público, la Administración autonómica asumirá el coste de la de una residencia privada.
Las entidades que trabajan habitualmente con personas con problemas de dependencia consideran que es precisamente en las zonas rurales donde la menor cantidad de servicios complica más la aplicación de la ley.

7. ¿Cuáles son las previsiones para el 2009?El Gobierno central ha presupuestado 18 millones de euros para Catalunya (este año eran 39). A esta cifra habrá que sumar una cantidad por cada beneficiario. En los casos de gran dependencia paga, según el nivel, entre 258,75 euros y 1.100. La Generalitat no descarta aprovechar la negociación sobre la financiación para reclamar al Estado un mayor esfuerzo económico en base a que los servicios sociales deben ser similares en todas las comunidades